Rodrigo Llanes Salazar

Dos años. Como ha escrito Jon Elster —“Memory and transitional justice”, 2003—, el paso del tiempo se lleva consigo la espontaneidad de las emociones. La indignación y la ira suelen tener una vida corta. La documentación de los agravios y del sufrimiento de las personas se vuelve más difícil con el paso del tiempo. La memoria se difumina con el transcurrir de los años y con el paso de estos la demanda de justicia y el castigo de los delitos también pierde fuerza.

Si no se obtuvo verdad y justicia sobre Ayotzinapa cuando los ciudadanos, en México y en otros lugares del mundo, salieron a marchar en las calles cada semana exclamando “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡fue el Estado!” y contando en voz alta hasta 43, ¿habrá justica y verdad ahora?, ¿en el porvenir?

La memoria —continuando con Elster— difiere del mero conocimiento abstracto de un evento pasado. La memoria implica un conocimiento concreto del pasado: cuándo, dónde y cómo tuvo lugar el suceso; quiénes son las víctimas, quiénes los perpetradores; cuáles fueron —o son— las causas de la infamia. ¿Enseñar en los libros de historia del futuro —¿se seguirá enseñando Historia en el futuro?— que un 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de una escuela normal perdida en el campo de Guerrero será un acto de “memoria”?, ¿lo es salir en estos días a la calle?, ¿Ayotzinapa sólo se convertirá en el sustantivo de un “no se olvida” que acompañará, una semana antes, al “2 de octubre no se olvida”?, ¿es correcto hablar sobre “memoria” hoy, a dos años de la masacre de Iguala?, ¿Ayotzinapa es una atrocidad del pasado, de nuestro pasado reciente, o acaso es nuestro presente?

Desde luego, sólo de nosotros depende que Ayotzinapa sea algo del pasado o del presente. La violación masiva de derechos humanos —desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidios, persecución, lesiones, amenazas…— de la noche entre el 26 y 27 de septiembre es un evento del pasado, pero sus causas, implicaciones y consecuencias continúan constituyendo nuestro presente. Y es que en lo que va de este año Ayotzinapa sigue constituyendo nuestro presente, y acaso nuestro futuro, de múltiples maneras. Veamos.

El trabajo del GIEI

giei
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

Uno de los aspectos excepcionales del caso Ayotzinapa ha sido el extraordinario trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un caso inédito de asesoría técnica al Estado mexicano que nos ha legado dos informes imprescindibles sobre el tema así como una veintena de recomendaciones. El primer informe, hecho público hace más de un año, a inicios de septiembre de 2015, ameritó una notable atención, pues para muchos fue una refutación contundente de la “verdad histórica” del gobierno de la república. El segundo, titulado “Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas”, publicado en abril de este año, cuando terminó el mandato del GIEI, no mereció la misma atención.

Creo que los dos informes son lecturas obligadas para los mexicanos. En el segundo, el GIEI documentó que en la desaparición de los estudiantes participaron policías no sólo de los municipios de Iguala y Cocula, como originalmente se había señalado, sino también de Huitzuco. Lo que es más importante, el GIEI argumenta que hubo una “perfecta coordinación” para tender un círculo de control y evitar la salida de los autobuses en los que se transportaban los estudiantes.

Mentira histórica

Además, en el segundo informe el GIEI reitera la tesis de que los estudiantes no pudieron haber sido quemados en el basurero de Cocula. Es decir, desmintieron una vez más la “verdad histórica”. Pero no han sido los únicos.

            En febrero de este año el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó también que no hay evidencia científica que indique que en el basurero de Cocula se realizara la incineración masiva de los normalistas. En sus palabras: “no respaldamos la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014”. El EAAF tuvo el acierto de poner a disposición de la opinión pública el peritaje íntegro sobre el basurero de Cocula, que pueden consultar aquí.

            En fechas más recientes, el Dr. José Torero, investigador especializado en incendios, ha dado un golpe más a la verdad histórica del gobierno con un nuevo experimento. Tal como lo reseña la periodista Lizzie Wade en un artículo publicado en Science:

Su equipo incineró sistemáticamente cuerpos de cerdos. Incluso utilizando 630 kg de madera para un único cerdo de 70 kg, todavía se advirtió la presencia de un 10 % de la carne del cerdo después de que el fuego se consumiera, informó Torero a Science. Por tanto, para incinerar 43 cuerpos de un tamaño similar se hubieran necesitado más de 27,000 kg de madera, y aún en tal caso, tras el incendio habría subsistido cierta materia orgánica. Incluso en el supuesto caso de que el cartel hubiera sido capaz de conseguir toda esa cantidad de madera, las intensas llamas deberían haber dejado marcas en el tronco de los árboles cercanos, afirma Torero. Cuando el científico visitó el basurero 10 meses después de las desapariciones, no observó ningún tipo de marcas.

Seguimiento de recomendaciones

Tras el fin del mandato del GIEI el pasado mes de abril, acaso uno de los hechos de mayor relevancia en el caso Ayotzinapa sea la implementación del mecanismo para dar seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos. Todos los que estemos interesados en obtención de verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición debemos estar sumamente atentos del cumplimiento de dichas recomendaciones. Entre ellas se encuentran la unificación de las distintas causas penales, evitar la fragmentación de la investigación y que ésta sea integral. Los expertos también recomendaron considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos: desapariciones forzadas; homicidios y tentativas de homicidio; encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; tortura; exceso en el uso de la fuerza; lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.

            Las recomendaciones del GIEI que deben ser seguidas en los próximos meses también incluyen llevar al cabo declaraciones testimoniales pendientes, especialmente de autoridades policiacas y políticas de Guerrero e integrantes del 27 Batallón de Infantería, tema que generó tensiones entre el GIEI y el Estado Mexicano. También debe darse seguimiento a la información de telefonía, al posible traslado de estupefacientes en los autobuses, llevar al cabo nuevas capturas, continuar con la búsqueda de los normalistas y mantener espacios de diálogo y comunicación con los familiares de los 43.

            Quiero destacar una de las recomendaciones del GIEI: “cambiar la narrativa del caso”, especialmente las motivaciones de los normalistas —que según la versión oficial fueron a “boicotear” un evento político en Iguala—, el desarrollo de los hechos y la falta de claridad sobre el destino de los normalistas. Los expertos independientes son contundentes: hasta la fecha “no existe certeza sobre el destino de los normalistas”.

Ataques contra defensores de derechos humanos

No cabe duda de que, en el contexto de violación sistemática y generalizada de derechos humanos en México, el trabajo del GIEI ha sido invaluable. Acaso por lo mismo fue objeto de múltiples ataques. Su labor, sin duda, fue incómoda: insistieron en interrogar a los militares en servicio en Iguala durante la noche de la masacre, asunto que hasta la fecha no ha sido permitido por el gobierno. La historia previa de los integrantes del grupo también cuenta. Ángela Buitrago y Clauida Paz y Paz, ambas abogadas, la primera colombiana y la segunda guatemalteca, se enfrentaron a poderosos intereses militares y gubernamentales en sus respectivos países. Ellas fueron los principales blancos de una campaña de desprestigio y difamación por parte del Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

            Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —de la cual formaba parte el GIEI—, también fue objeto de una demanda penal por haber malversado los recursos que el Estado mexicano dio a la CIDH para financiar el GIEI. Como escribió Jenaro Villamil, esta demanda, junto con la campaña difamatoria en contra del GIEI, fue parte de un guión de endurecimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto para que el gobierno rompiera con el grupo de expertos.

            Víctima de ataques similares fue Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que ha acompañado a los familiares de los 43. El pasado 13 de abril, el reportero Juan Omar Fierro publicó en El Universal una nota titulada “‘Indios piojosos’, llama su abogado a padres de los 43 normalistas”, en la que se da a conocer una supuesta llamada telefónica filtrada entre Rosales y su esposa en la que éste se refiere a los padres de los normalistas desaparecidos como “pinches indios piojosos”. El abogado defensor negó referirse a los familiares de los 43 en esos términos y, en cualquier caso, su trayectoria lo respalda: inició su defensa de los derechos humanos en el centro José María Morelos asesorando a comunidades nahuas de Guerrero en temas agrarios; desde Tlachinollan se hizo cargo de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosas, las mujeres indígenas violadas por elementos del Ejército en 2002; ha combatido la esterilización forzada en contra de las mujeres de Ayutla; ha defendido a los indígenas afectados por La Parota; a los normalistas de Ayotzinapa los ha acompañado en diciembre de 2011 cuando fueron reprimidos en la autopista del Sol (sobre la trayectoria de Rosales ver estos artículos de Ricardo Raphael y Luis Hernández).

Protección de los responsables

Un hecho más que muestra la viva actualidad de Ayotzinapa es el derrotero de Tomás Zerón de Lucio. Tal como dio a conocer el GIEI en su segundo informe, Zerón, en su calidad de director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, manipuló evidencia, tergiversó información y obstruyó y escondió diligencias: excarceló a Agustín García, “El Chereje”, sin autorización del Ministerio Público y lo llevó al río San Juan sin la compañía de su abogado defensor. También ordenó a peritos inspeccionar la zona vecina del río sin contar con orden ministerial y no incorporó en esta diligencia al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en contra de lo que había acordado con este grupo. Zerón también mintió al declarar que fue escoltado por personal de la ONU. Así, el ex director de la AIC violó los artículos 20 y 21 de la Constitución y obstruyó severamente la investigación del caso.

            A pesar de su condenable actuación en el proceso de investigación más vigilado en la historia de México y la exigencia de los familiares de los 43 y de sectores de la sociedad de que sea castigado por su indebida actuación, Enrique Peña Nieto recolocó a Zerón como Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. De acuerdo con los padres de los 43, esto ha sido una “burla”. No hay consenso sobre si esta acción fue un “ascenso” o “descenso” en la trayectoria de Zerón, pero lo que queda claro es el mensaje del gobierno federal: a los amigos no se les castiga, sólo se les protege, a pesar de sus acciones. No es algo privatizo del caso Ayotzinapa, sino que es el sello de la casa del gobierno de Peña Nieto.

Hacia un proceso de justicia transicional

Uno de los principales legados que nos puede dejar Ayotzinapa es la exigencia de procesos de justicia transicional en México. Por justicia transicional se suele entender el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países llevan a cabo después de haber vivido dictaduras, gobiernos autoritarios, guerras u otras violaciones masivas a derechos humanos. Algunos de los casos paradigmáticos en el siglo XX son los juicios de Núremberg, en los que se sancionaron a funcionarios nazis, así como los procesos posteriores a las llamadas “transiciones democráticas” en América Latina en la década de los ochenta. En algunos casos el énfasis estuvo en la justicia retributiva y el castigo a los perpetradores, en otros en el conocimiento de la verdad y los procesos de paz y conciliación (la primera comisión de la verdad fue instalada en Argentina en 1983).

            En México apenas han existido algunos intentos modestos, y en algunos casos fallidos, de justicia transicional, aunque no necesariamente bajo ese nombre. En 1993 se creó una comisión de la verdad sobre la matanza del 2 de octubre de 1968, de la cual hasta la fecha aún no hay certeza de cuántas personas murieron y quiénes son esas personas. Dicha comisión logró documentar 40 casos.

            En 2002 inició sus labores la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la cual fue producto de las exigencias a Vicente Fox, primer presidente de la alternancia partidista en la presidencia de la república, de esclarecer los crímenes del régimen anterior y castigar a los culpables. Así, la Femospp debió dar verdad y justicia sobre la masacre de Tlatleolco, el “halconazo” del 10 de junio de 1971, la infame “guerra sucia”, el asesinato de perredistas, entre otros crímenes del siglo XX. En un esclarecedor artículo Sergio Aguayo y Javier Treviño han explicado el fracaso de la Femospp, la cual fue cerrada poco antes de que terminara el gobierno de Fox.

            En años más recientes se han creado comisiones de la verdad para los casos de la Guerra Sucia en Guerrero —la cual documentó 512 casos de desaparición forzada entre 1969 y 1985— y sobre la represión en Oaxaca durante 2006 y 2007 —esta comisión documentó 28 ejecuciones extrajudiciales en ese período, amén de numerosas violaciones a derechos humanos.

            Desde luego, como han argumentado diversos estudios críticos, las comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional no son la panacea para terminar con las violaciones masivas a los derechos humanos. Las comisiones de la verdad, las fiscalías especiales o cualquier otro mecanismo no puede ser un instrumento que se imponga desde afuera sin respetar las concepciones locales de justicia. Pero en un país en el que en menos de diez años han muerto de manera violenta más de 160 mil personas y desaparecido más de 25 mil; en el que diversas organizaciones internacionales —como Amnistía Internacional, la CIDH, Open Society Justice Initiative, entre otras— reconocen que México sufre una “grave crisis en materia de derechos humanos” e incluso crímenes de lesa humanidad; resulta fundamental recuperar el punto de vista de las víctimas directas e indirectas y de los defensores de derechos humanos, contribuir en la construcción de procesos de memoria y exigir, sin cansancio, verdad y justicia.

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